obispos de cauca y nariño

Por tercera vez, el pasado 5 de junio, las seis jurisdicciones que conforman la Provincia Eclesiástica de Popayán convocaron el foro sobre "Cultivos de Uso Ilícito y Economías Ilegales". Un evento que buscó propiciar reflexiones y aportes en torno a problemáticas relacionadas con estos cultivos en el suroccidente colombiano. En esta oportunidad, se llevó a cabo en la Diócesis de Pasto.De manera especial, al foro fueron convocados líderes comunitarios, representantes de organizaciones de la sociedad civil y agentes pastorales, de los departamentos de Nariño y Cauca. Estuvieron acogidos por monseñor Juan Carlos Cárdenas, obispo de Pasto, monseñor José Saúl Grisales Grisales, obispo de Ipiales, monseñor Orlando Olave Villanoba, obispo de Tumaco, y el padre Arnulfo Moreno Quiñonez, pro-vicario de Guapi. Estuvo presente también el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo; así como diversos funcionarios y académicos locales.El arzobispo de Popayán y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Omar Alberto Sánchez, junto a los obispos de Tumaco, Pasto, Ipiales, Guapi y Tierradentro, convocaron el primero de estos foros en junio de 2022. Desde esta primera versión, desarrollada en la Arquidiócesis de Popayán, lo concibieron como un espacio de reflexión, acción y articulación regional para seguir consolidando una pastoral para la reconciliación y la paz, capaz de responder a los desafíos y necesidades actuales de los territorios. Al respecto, monseñor Orlando Olave enfatizó que allí no se buscan culpables, sino soluciones, desde un enfoque de transformador en el que se contribuya a la identificación de nuevas alternativas y economías para el sustento y desarrollo de las comunidades."Nuestra misión es acompañar a nuestras comunidades en su lucha por una vida digna. Debemos trabajar juntos, desde todas las esferas, para erradicar las causas que llevan a nuestros hermanos a recurrir a las economías ilegales", expresó al respecto monseñor José Saúl Grisales.Jully Jazmín Caicedo, beneficiaria Pastoral Indígena, resaltó la importancia de estos eventos en los que se buscan alternativas para cambiar las dinámicas ilícitas que se viven en los territorios, en función de la construcción de paz.“Somos víctimas de la presencia de estos cultivos que, de alguna manera, han afectando toda nuestra cultura, todo nuestro buen vivir. Los indígenas históricamente hemos sido protectores del territorio y, al no haber alternativas para poder solventar nuestras necesidades, hemos estado obligados a cultivar la coca”, comento la lideresa indígena.Durante su intervención en el foro, el Gobernador de Nariño destacó los diálogos regionales para la paz que han venido desarrollando recientemente en el departamento, como una oportunidad para trazar el camino de transición de las economías ilegales a economías lícitas. Especialmente, ante el crecimiento de estos cultivos en los últimos años, ligado a otros problemas aún más graves en términos humanitarios, como el reclutamiento de niños y jóvenes por parte de grupos armados.Durante el conversatorio de líderes y representantes comunitarios, se abordaron estrategias para enfrentar los desafíos relacionados con los cultivos ilícitos y las economías ilegales. Allí, se destacó la necesidad de fortalecer el desarrollo comunitario y apoyar el emprendimiento local para brindar alternativas sostenibles en los territorios; se enfatizó en la importancia de la participación activa de la comunidad en la creación e implementación de políticas públicas que favorezcan dicho desarrollo. Además, se discutió sobre la necesidad de contar con programas educativos y de capacitación para empoderar a la población, especialmente a los jóvenes, y alejarlos de estos contextos.En el foro también se abordaron reflexiones pastorales en torno a la problemática. Allí, los obispos y directores de pastoral social de la provincia hicieron énfasis en tres dimensiones: compromiso pastoral, justicia social, y solidaridad.“Los obispos reafirmaron su compromiso con la promoción de la paz y el desarrollo integral en sus diócesis. Subrayaron la necesidad de una presencia activa de la Iglesia en los territorios afectados por las economías ilegales. Destacaron la importancia de trabajar por la justicia social, abordando las causas estructurales de la pobreza y la exclusión que alimentan las economías ilícitas. Llamaron a la solidaridad entre las comunidades y a fortalecer los lazos de apoyo mutuo para enfrentar los desafíos comunes”, así lo indicó la oficina diocesana de comunicaciones de Tumaco.El evento concluyó con un llamado a la acción coordinada entre el gobierno, la Iglesia, las organizaciones comunitarias y la sociedad civil para atender de manera conjunta esta realidad. Las reflexiones propuestas en los diferentes espacios proporcionarán ahora una hoja de ruta desde la cual se pueda seguir avanzando en la búsqueda de una paz regional, que priorice el desarrollo sostenible.Vea a continuación el informe elaborado por la Oficina de Comunicaciones de la Diócesis de Tumaco:

A través de un comunicado conjunto, la presidencia de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) y los obispos de los departamentos de Cauca y Nariño hacen un llamado urgente a los actores armados y a las autoridades para que se desescale el conflicto que tanto daño está causando en estas regiones del sur del país. Asimismo, piden facilitar la atención humanitaria para sus comunidades.“El terror que causa el fuego de las armas, la muerte y daño en la integridad física y emocional, el desarraigo de la tierra, los desplazamientos y confinamientos, las minas antipersonales, la ruptura del tejido comunitario, las afectaciones a los ecosistemas, son hechos que lamentamos. Exhortamos a que se terminen, para no lastimar en el corazón de los pueblos el frágil pero esperanzador brote de una vida en paz”, enfatizan los prelados en su mensaje.En el mensaje, que busca hacer eco de las voces atemorizadas de las comunidades que pastorean, los obispos de las diócesis de Ipiales, Tumaco y Pasto; de los vicariatos apostólicos de Guapi y Tierradentro; así como el arzobispo de Popayán y vicepresidente de la CEC, monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, afirman que los esfuerzos que actualmente se están haciendo por buscar la paz, deben verse reflejados en tranquilidad, seguridad y justicia para los territorios. El cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, junto a su secretario general y obispo auxiliar de Bogotá, monseñor Luis Manuel Alí Herrera, respaldan esta petición.“Nuestro Dios, hoy vuelve a repetir: «Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo…, ya conozco sus sufrimientos» (Ex 3, 7). Así nos exhorta, como a Moisés, a disponer nuestras capacidades y esfuerzos en la construcción de la paz; que estas semillas germinen y encuentren condiciones que favorezcan su implantación y crecimiento; que sus frutos en el presente y hacia el futuro aseguren a todos, la posibilidad del desarrollo humano integral”, afirman en el comunicado.

Ante la preocupante situación de violencia que se está registrando en el sur occidente colombiano, los obispos que conforman la Provincia Eclesiástica de Popayán, alzan su voz de rechazo a los acontecimientos de los últimos días donde fueron asesinados 13 jóvenes, 5 en Cali y 8 en Samaniego (Nariño). A la vez que expresan su saludo solidario a las familias de los fallecidos. “Rechazamos con dolor y tristeza los hechos ocurridos en Cauca y Nariño y expresamos profunda preocupación por la grave situación de violencia y atropello a los derechos humanos que atraviesan los dos departamentos, ofrecemos oraciones y manifestamos nuestra cercanía y solidaridad a las familias de los jóvenes vilmente asesinados en el municipio de Samaniego y otras regiones del sur occidente colombiano”. [icon class='fa fa-download fa-2x'] Descargar comunicado[/icon]