observatorio romano

Por Giada Aquilino - Existe una «preocupación real» de que la actual violencia en el suroccidente de Colombia pueda degenerar en una escalada más grave, trayendo a la memoria el espectro de más de cincuenta años de guerra con las Farc, que concluyó en 2016 con un acuerdo de paz entre los guerrilleros y las autoridades de Bogotá. Ante la ola de ataques que en las últimas semanas ha sacudido particularmente a los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, monseñor Germán Medina Acosta, obispo de Engativá y secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), observa que el país latinoamericano no puede permitirse «volver a escenarios como los vividos en décadas anteriores». Esto, especialmente en la víspera de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, cuando se elegirá al sucesor de Gustavo Petro, primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, elegido en 2022.En las últimas semanas, una serie de ataques ha afectado a civiles y bases militares; el más grave de ellos, a finales de abril, dejó al menos 21 muertos y decenas de heridos en la vía Panamericana, entre las ciudades de Cali y Popayán. Desde el inicio, las autoridades colombianas atribuyeron las acciones a los grupos armados activos en la región, en particular a la facción disidente de las antiguas Farc, el Estado Mayor Central (EMC), liderado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, quien posteriormente reivindicó el atentado. También fue arrestado José Alex Vitonco Ándela, considerado uno de los líderes de un movimiento local afiliado a los combatientes de Mordisco.«Sin afirmar que estamos ante un escenario idéntico al del pasado —reflexiona monseñor Medina Acosta—, existen sin embargo señales que invitan a la vigilancia: fragmentación de los actores armados, expansión territorial y debilitamiento de los mecanismos de control». El país, subraya, «no puede permitirse» regresar al pasado.En la zona suroccidental de Colombia, explica el obispo de Engativá, «estamos asistiendo a una grave crisis humanitaria caracterizada por la intensificación de los conflictos entre grupos armados ilegales»: esto provoca «un continuo deterioro de las condiciones de seguridad, que está afectando directamente a la población civil, con confinamientos, desplazamientos y pérdida de control institucional en diversos territorios». Estas dinámicas se concentran en corredores “estratégicos”, como el norte del Cauca, la costa pacífica de Nariño, la cordillera Occidental y las zonas rurales del Valle del Cauca. Allí «convergen actividades ilícitas como el narcotráfico —desde el cultivo hasta el procesamiento y la exportación de droga, en particular hacia Estados Unidos—, la minería ilegal, principalmente de oro, y el tráfico de armas». Se trata de corredores «disputados por diversos actores armados» que buscan un «control territorial, financiero y logístico» en el marco de economías criminales, también en un contexto de «reconfiguración» de los mismos grupos armados tras la desmovilización de las Farc y de una «debilidad de la presencia del Estado en las zonas rurales». No es «un fenómeno espontáneo», reflexiona el secretario general de la CEC, sino «la expresión de conflictos no resueltos y de una transición incompleta hacia la paz».Sobre el terreno, las consecuencias para las poblaciones locales son «profundamente dolorosas»: desplazamientos forzados masivos, confinamiento de comunidades enteras, reclutamiento de menores con fines criminales, falta de acceso a alimentos, salud y educación, y asesinatos de líderes sociales. Esta última problemática, según la ONG Indepaz, dejó el año pasado un trágico saldo de 187 muertos. Además, entre las comunidades más afectadas por los recientes ataques se encuentran las indígenas, afrocolombianas y campesinas: «Su dignidad y sus derechos fundamentales están gravemente vulnerados», denuncia el obispo Medina Acosta.En este contexto, la Conferencia Episcopal de Colombia, en un comunicado, pidió a los «actores armados» cesar «inmediatamente» toda acción que «atente contra la vida», en respeto del derecho internacional humanitario. Al mismo tiempo, la Iglesia colombiana hizo un llamado a la «responsabilidad» del Estado y de la sociedad, insistiendo en la urgencia —subraya el secretario general de la CEC— de acciones «integrales y coordinadas». En esas mismas horas, el Papa León XIV, en la audiencia general del pasado 29 de abril, lanzó un llamado por Colombia: la del Pontífice —continúa el prelado— es «una voz profética que invita a rechazar toda forma de violencia y a optar decididamente por la paz».Los llamados de los obispos, señala monseñor Medina Acosta, «han sido acogidos con respeto en diversos sectores, pero también con el desafío de traducir esas palabras en acciones concretas», porque «la paz no depende solo de declaraciones, sino que requiere compromisos reales por parte de los actores armados, del Estado y de toda la sociedad».Todo ello, especialmente en un periodo preelectoral para renovar la primera magistratura del Estado. Según las últimas encuestas, en la carrera presidencial encabeza Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y del gobierno del presidente saliente Gustavo Petro, con más del 35% de intención de voto, seguido por Abelardo de la Espriella, representante de la derecha radical, con alrededor del 25% —sobre quien además está en curso una revisión por parte del Consejo Nacional Electoral por presuntas irregularidades en las firmas presentadas para respaldar su candidatura—, y por la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, con cerca del 22%. En caso de segunda vuelta, esta se celebraría el 21 de junio.Hoy, señala el secretario general de la CEC, el país vive un clima de «fuerte polarización, pero también de esperanza». Tras la elección de Gustavo Petro, «se han abierto importantes debates sobre las reformas sociales y el rumbo del país». La política de “paz total” de Petro «ha abierto espacios de diálogo con diversos actores, lo cual es valioso. Sin embargo, enfrenta grandes desafíos, como la falta de avances homogéneos en todas las mesas —por ejemplo, la del ELN ha registrado en varias ocasiones fases críticas e inciertas—, la persistencia de la violencia en los territorios y las dificultades en la implementación de los acuerdos».De cara a las elecciones, en un «momento decisivo para el país», es «fundamental que prevalezcan el respeto, la libre participación y la protección de la vida: la democracia debe fortalecerse, no ser sometida a mayor presión». Por ello, los obispos exhortan a los colombianos a «ejercer su derecho al voto con responsabilidad, libertad y conciencia ética», con un voto que «no esté guiado por el miedo o el odio», dando «prioridad al bien común sobre los intereses particulares» y eligiendo «caminos de reconciliación, justicia y paz», porque Colombia «necesita ciudadanos comprometidos con la vida, la verdad y la construcción de un futuro compartido».Fuente: El Observatorio RomanoArtículo publicado originalmente en italianoFecha de publicación: 06 de mayo de 2026