Chocó

Con estas palabras el obispo de Quibdó, monseñor Juan Carlos Barreto Barreto, hizo un llamado de alerta a las autoridades competentes, para que se tomen medidas urgentes y cese el incremento de violencia en el departamento del Chocó. En una carta dirigida al Gobierno nacional, la Corte Suprema, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, el prelado pide se tomen decisiones y correctivos en temas de seguridad para esta zona del país, pues según cifras de medicina legal en el 2016 se presentaron 124 casos de homicidios. “Me dirijo a ustedes para solicitarles una acción articulada y estructural a corto, mediano y largo plazo con el objetivo de solucionar los problemas de inseguridad y violencia que se padece en este territorio. Es evidente que las políticas públicas para el Chocó y su capital deben cambiar. No sirven las medidas paliativas, es urgente detener este río de sangre”, señala la misiva. El prelado pidió a las autoridades crear un plan de inversión social eficaz, que garantice a las actuales y futuras generaciones unas condiciones de vida dignas y sin violencia. El siguiente es el comunicado:

Tras las diferencias que han surgido por la decisión del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de incluir Belén de Bajirá y los corregimientos de Macondo, Blanquiceth y Nuevo Oriente en el departamento del Chocó, el obispo de Apartadó, monseñor Hugo Torres Marín, en un comunicado a la opinión pública, dijo que la Iglesia acoge complacida esta comunidad e invita para que este hecho no genere confrontaciones entre la población. “La Iglesia, acoge complacida el territorio y sus gentes sin prevenciones de ninguna índole e invita a todos los moradores a conservar la armonía, la unidad y a evitar las divisiones y confrontaciones.”, señala la misiva. Tras destacar además que “el respeto a la autonomía de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos, debe primar sobre cualesquiera otros intereses”. En su mensaje el obispo hizo un llamado urgente para que cesen los enfrentamientos por esta causa y ofreció decididamente su disponibilidad para que se dé un diálogo entre los gobiernos de los dos departamentos de Antioquia y Chocó, “en aras de un futuro donde lo primero sea su gente”. [icon class='fa fa-download fa-2x'] Descargar comunicado[/icon] [icon class='fa fa-calendar-check-o' link='']LO QUE SE DICE EN REDES[/icon] Tweets sobre obispo de apartado !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");

En un comunicado de prensa emitido por los obispos de las jurisdicciones eclesiásticas que integran la región de la Costa Pacífica, exigieron al Gobierno Nacional que cumpla con los acuerdos anteriormente firmados y así se respete los derechos de los ciudadanos. La Iglesia en esta región del pacífico cree justificada las protestas que se adelantan en el departamento del Chocó y en la ciudad de Buenaventura, por considerar, que estas zonas del país siempre han sido territorios abandonados por el Estado. Los prelados rechazaron las acciones violentas cometidas por algunos vándalos que desprestigian el fin de las protestas pacíficas, donde la población reclama sus derechos. Igualmente hicieron un llamado a la Fuerza Pública para que no se extralimite con sus funciones. Por último, los obispos pidieron a los organismos de Derechos Humanos para que estén atentos a velar y garantizar la protección de los civiles, denunciando cualquier abuso que se presente durante estas protestas. El mensaje fue emitido por el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, los obispos de Buenaventura, monseñor Héctor Epalza Quintero, monseñor Juan Carlos Barreto Barrerto; monseñor Carlos Alberto Correa Martínez; monseñor Orlando Olave Villanoba y monseñor Julio Hernando García Peláez. DESCARGA COMUNICADO Foto tomada de REMAP / Red de medios alternativos y populares

Frente a los hechos ocurridos este sábado cuando hombres armados atacaron el pequeño poblado de El Carra, en San Juan de Docordó, dejando cinco personas muertas, un niño herido y más de 50 desplazados, el obispo de Istmina Tadó, monseñor Julio Hernando García Peláez, lamentó los hechos y pidió a sus autores respetar la vida de la población. “Hacemos un llamado muy grande a quienes están en esos enfrentamientos para que la población civil no sea tocada, además de tener que salir de sus tierras, vivir en la zozobra y en el miedo permanente, eso ya es una limitante a la libertad que quita la razón y la alegría normal de la gente y les roba la paz”, subrayó el obispo. El prelado aseguró que estos enfrentamientos entre los distintos grupos guerrilleros se están dando por la disputa territorial e intereses de tipo económico. Hecho que está trayendo consecuencias graves de desplazamiento a los habitantes de las poblaciones afro e indígena del sur del Chocó. Al referirse a los diálogos que se adelantan entre el Gobierno y los grupos armados, el obispo afirmó que desafortunadamente la población más humilde y que vive de cerca la guerra es la menos escuchada. “Desafortunadamente mientras se están dando estos diálogos, los pueblos más sencillos y más humildes, los que viven la guerra, sus gritos lamentables y lacerantes no alcanzan a ser escuchados, por eso nosotros somos la voz de los que no tienen voz y como Iglesia clamamos con urgencia que les sea respetada la vida”. Por último, monseñor García Peláez pidió a todos los colombianos no ser indiferentes ante lo que está aconteciendo en el territorio chocoano. Imagen tomada de Internet

Organizaciones étnicoterritoriales y las diócesis que tienen jurisdicción en el departamento del Chocó expresaron su preocupación por la presencia de cuatro fenómenos que ponen en riesgo los procesos de paz. Así lo hicieron conocer, este viernes 17 de marzo, a través de un comunicado firmado por las diócesis de Apartadó, Istmina Tadó y Quibdó, además del Foro Interétnico y la Mesa Departamental Indígena. Frente al primer punto, preocupa la falta de adecuación logística de las Zonas Veredales y Campamentarias; la tendencia recurrente en algunos sectores sociales y políticos a desconocer los acuerdos ya firmados; la falta de claridad en el desmonte de las estructuras de milicianos tanto en las zonas rurales como urbanas; y las fallas en la aplicación del capítulo étnico de los acuerdos, especialmente por el desconocimiento de las normas de consulta previa, son puntos que preocupan. Un segundo lugar, preocupa la manera como el ELN ha venido ocupando el territorio de poblaciones étnicas y sus espacios comunitarios, lo cual pone en riesgo a las mismas comunidades y a sus autoridades. [icon class='fa fa-download' link='']DESCARGA EL COMUNICADO[/icon] En tercer lugar, preocupa que en el Chocó se ha evidenciado el avance amplio, abierto y sistemático de grupos armados ilegales con discurso y actitudes de paramilitarismo que ocupan territorios que la Fuerza Pública no logra controlar, ocasionando el sentido de desprotección de numerosas comunidades. Finalmente, se denuncia que en los centros urbanos continúan los hechos de violencia y criminalidad que cobran víctimas especialmente entre los jóvenes y sectores marginales. Igualmente, existen testimonios de presencia de grupos afines al paramilitarismo que controlan sectores de los centros urbanos y asumen por su cuenta acciones de ajusticiamiento, poniendo en entredicho el Estado Social de Derecho. ENTREVISTA MONSEÑOR JUAN CARLOS BARRETO BARRETO En el comunicado se advierte que la población en general, muestra síntomas de desespero debido a la poca efectividad de las autoridades. En este marco se exhorta al Estado colombiano a generar mecanismos de protección para los habitantes del Chocó, a las guerrillas de las FARC y el ELN se les exige perseverar en la voluntad y el compromiso de poner fin al conflicto armado; al cuerpo diplomático acreditado en Colombia y al Sistema de Naciones Unidas a continuar apoyando el Proceso de Paz y a los Medios de Comunicación ser aliados y visibilidad la crisis humanitaria en el Chocó. Foto: Semana

Así lo denunció el obispo de Istmina Tadó, monseñor Julio Hernando García Peláez al referirse a la grave crisis humanitaria que están viviendo comunidades originarias de las riberas de los ríos Baudó y San Juan. Las comunidades se encuentran en medio del fuego cruzado y piden “tregua humanitaria” como salida a la violencia que agudiza la crisis en la zona. Aproximadamente 500 personas de las comunidades afros de Peña Azul, Apartadó, Boca de León, Cocalito y Amparradó, así como el confinamiento de las comunidades indígenas de Geandó, Vacal y Puerto Peña son presas del miedo y la zozobra que causan los permanentes enfrentamientos entre grupos al margen de la ley. “Este era un pueblo tradicionalmente pacífico, pero en los últimos años se ha perdido la paz. La guerra, la zozobra, la desconfianza y la sangre afectan a la población civil, especialmente a mujeres y niños”, advirtió el prelado. Monseñor García Peláez explicó que las comunidades, producto del miedo, huyeron a poblaciones donde “no se produce nada” y esto está generando una grave crisis humanitaria.”No estamos debidamente preparados para enfrentar estas emergencias”, lamentó. Pidió la urgente presencia del Estado y las garantías para que la población pueda retornar a sus territorios. “Estamos permanentemente solicitando la presencia del Estado, su ausencia genera estas problemáticas”, aseguró el prelado. Así mismo comentó que hay una profunda desconfianza de la población sobre su seguridad. “Yo estoy convencido de que buena parte de la población cree que aquí no hay ley, aquí se obra una ley salvaje y se obra bajo la fuerza”, aseguró. El obispo señaló que si bien el Defensor del Pueblo, la administración departamental y municipal han colaborado con estas poblaciones, estas ayudas resultan insuficientes por la gravedad de la situación que se está viviendo. “Nosotros quizás podemos encontrar apoyo para un día, quizás dos, pero para 15 días, tres semanas o un mes la situación es muy difícil”. Según un comunicado en el que se denuncian estos hechos, se informa que la situación afecta, en gran medida, las dinámicas comunitarias y organizativas, viéndose gravemente deteriorada las actividades económicas de sus habitantes que al no poder movilizarse a realizar sus labores diarias, por el temor de caer en manos de los violentos, ser acusados de colaboradores de un grupo u otro y judicializados, pierden cada día los cultivos de pan coger, animales y medios de transportes. [icon class='' link='']DESCARGA COMUNICADO[/icon] Imagen toma de Internet

Obispos de las zonas de Antioquia y Chocó sostuvieron un diálogo con una delegación de las FARC-EP, encabezada por Félix Antonio Muñoz, alias 'Pastor Alape', para hablar de avances y dificultades en el proceso de implementación del Acuerdo de Paz con este grupo. Luego de un análisis del estado actual de la implementación del Acuerdo de Paz por parte de la Delegación de las FARC-EP, los representantes de las diferentes jurisdicciones expusieron el contexto local, haciendo énfasis en la identificación de los principales desafíos que se vienen presentando. Igualmente, transmitieron el temor de algunas comunidades en torno a temáticas como el surgimiento de nuevos grupos violentos, la compra de tierras por parte de allegados a las FARC-EP y las garantías de seguridad. En otro momento se habló del rol de la Iglesia en el proceso de implementación de los Acuerdos. Monseñor Jorge Alberto Ossa, obispo de la diócesis de Santa Rosa de Osos, dijo que los representantes de la Iglesia católica “expresamos el deseo de comprometernos siempre con la reconciliación, con la paz, con el hombre, con las comunidades”, - continuó- “creemos en la misericordia de Dios, porque somos hombres de fe y sabemos que Dios vino a reconciliar al mundo consigo, a los hombres y a reconciliarnos con nosotros”. El objetivo de esta reunión con algunos miembros de las FARC-EP, que contó además con el acompañamiento del especialista Jesús Flores de la Fundación Universitaria Claretiana y el secretario general de la Comisión de Conciliación Nacional, padre Darío Echeverri Gonzalez, fue el de identificar las posibles acciones que la Pastoral Social puede realizar para hacer un acompañamiento al proceso de reintegración social, económica y política de las FARC-EP, de tal manera que contribuya a mejorar el bienestar de las comunidades locales y lleve a la reconciliación. La reunión que se adelantó en la sede de la Conferencia Episcopal el pasado 25 de enero, asistieron Monseñor Juan Carlo Barreto, obispo de Quibdó, Monseñor Hugo Torres Marín, obispo de Apartadó, Monseñor Jorge Alberto Ossa, obispo de Santa Rosa de Osos; un representante de la diócesis de Istmina-Tadó, además de los directores de la Pastoral Social de estas Jurisdicciones.

Este es el nombre del taller que se realizó en el municipio de Istmina-Tadó, ubicado en el departamento del Chocó, bajo la orientación de la Comisión de Conciliación Nacional (CCN). A este escenario asistieron más de 120 personas entre campesinos, líderes sociales y víctimas de la violencia, quienes a través del diálogo e intercambio de experiencias asumieron el compromiso de seguir trabajando de forma activa en la construcción de la paz en esta zona del país. La agenda estuvo marcada por temas como el conflicto, las víctimas y los retos que debe afrontar el sur de la región del Chocó en el postconflicto. También hicieron parte de la coordinación de este evento la diócesis de Istmina-Tadó, la Corporación Interétnica y Ecuménica por el Desarrollo, la Reconciliación y la Paz Territorial, Cierderpaz. Acciones Conscientes Este evento forma parte de una serie de talleres de la campaña “Acciones Conscientes, Tu Compromiso con el Futuro”; que se vienen organizando en diferentes ciudades y regiones del país, con el objetivo de formar a víctimas, sobrevivientes, supervivientes, agentes de pastoral y gestores de paz en herramientas de reconciliación en medio del conflicto.