Chocó

Así lo denunció el obispo de Istmina Tadó, monseñor Julio Hernando García Peláez al referirse a la grave crisis humanitaria que están viviendo comunidades originarias de las riberas de los ríos Baudó y San Juan. Las comunidades se encuentran en medio del fuego cruzado y piden “tregua humanitaria” como salida a la violencia que agudiza la crisis en la zona. Aproximadamente 500 personas de las comunidades afros de Peña Azul, Apartadó, Boca de León, Cocalito y Amparradó, así como el confinamiento de las comunidades indígenas de Geandó, Vacal y Puerto Peña son presas del miedo y la zozobra que causan los permanentes enfrentamientos entre grupos al margen de la ley. “Este era un pueblo tradicionalmente pacífico, pero en los últimos años se ha perdido la paz. La guerra, la zozobra, la desconfianza y la sangre afectan a la población civil, especialmente a mujeres y niños”, advirtió el prelado. Monseñor García Peláez explicó que las comunidades, producto del miedo, huyeron a poblaciones donde “no se produce nada” y esto está generando una grave crisis humanitaria.”No estamos debidamente preparados para enfrentar estas emergencias”, lamentó. Pidió la urgente presencia del Estado y las garantías para que la población pueda retornar a sus territorios. “Estamos permanentemente solicitando la presencia del Estado, su ausencia genera estas problemáticas”, aseguró el prelado. Así mismo comentó que hay una profunda desconfianza de la población sobre su seguridad. “Yo estoy convencido de que buena parte de la población cree que aquí no hay ley, aquí se obra una ley salvaje y se obra bajo la fuerza”, aseguró. El obispo señaló que si bien el Defensor del Pueblo, la administración departamental y municipal han colaborado con estas poblaciones, estas ayudas resultan insuficientes por la gravedad de la situación que se está viviendo. “Nosotros quizás podemos encontrar apoyo para un día, quizás dos, pero para 15 días, tres semanas o un mes la situación es muy difícil”. Según un comunicado en el que se denuncian estos hechos, se informa que la situación afecta, en gran medida, las dinámicas comunitarias y organizativas, viéndose gravemente deteriorada las actividades económicas de sus habitantes que al no poder movilizarse a realizar sus labores diarias, por el temor de caer en manos de los violentos, ser acusados de colaboradores de un grupo u otro y judicializados, pierden cada día los cultivos de pan coger, animales y medios de transportes. [icon class='' link='']DESCARGA COMUNICADO[/icon] Imagen toma de Internet

Obispos de las zonas de Antioquia y Chocó sostuvieron un diálogo con una delegación de las FARC-EP, encabezada por Félix Antonio Muñoz, alias 'Pastor Alape', para hablar de avances y dificultades en el proceso de implementación del Acuerdo de Paz con este grupo. Luego de un análisis del estado actual de la implementación del Acuerdo de Paz por parte de la Delegación de las FARC-EP, los representantes de las diferentes jurisdicciones expusieron el contexto local, haciendo énfasis en la identificación de los principales desafíos que se vienen presentando. Igualmente, transmitieron el temor de algunas comunidades en torno a temáticas como el surgimiento de nuevos grupos violentos, la compra de tierras por parte de allegados a las FARC-EP y las garantías de seguridad. En otro momento se habló del rol de la Iglesia en el proceso de implementación de los Acuerdos. Monseñor Jorge Alberto Ossa, obispo de la diócesis de Santa Rosa de Osos, dijo que los representantes de la Iglesia católica “expresamos el deseo de comprometernos siempre con la reconciliación, con la paz, con el hombre, con las comunidades”, - continuó- “creemos en la misericordia de Dios, porque somos hombres de fe y sabemos que Dios vino a reconciliar al mundo consigo, a los hombres y a reconciliarnos con nosotros”. El objetivo de esta reunión con algunos miembros de las FARC-EP, que contó además con el acompañamiento del especialista Jesús Flores de la Fundación Universitaria Claretiana y el secretario general de la Comisión de Conciliación Nacional, padre Darío Echeverri Gonzalez, fue el de identificar las posibles acciones que la Pastoral Social puede realizar para hacer un acompañamiento al proceso de reintegración social, económica y política de las FARC-EP, de tal manera que contribuya a mejorar el bienestar de las comunidades locales y lleve a la reconciliación. La reunión que se adelantó en la sede de la Conferencia Episcopal el pasado 25 de enero, asistieron Monseñor Juan Carlo Barreto, obispo de Quibdó, Monseñor Hugo Torres Marín, obispo de Apartadó, Monseñor Jorge Alberto Ossa, obispo de Santa Rosa de Osos; un representante de la diócesis de Istmina-Tadó, además de los directores de la Pastoral Social de estas Jurisdicciones.

Este es el nombre del taller que se realizó en el municipio de Istmina-Tadó, ubicado en el departamento del Chocó, bajo la orientación de la Comisión de Conciliación Nacional (CCN). A este escenario asistieron más de 120 personas entre campesinos, líderes sociales y víctimas de la violencia, quienes a través del diálogo e intercambio de experiencias asumieron el compromiso de seguir trabajando de forma activa en la construcción de la paz en esta zona del país. La agenda estuvo marcada por temas como el conflicto, las víctimas y los retos que debe afrontar el sur de la región del Chocó en el postconflicto. También hicieron parte de la coordinación de este evento la diócesis de Istmina-Tadó, la Corporación Interétnica y Ecuménica por el Desarrollo, la Reconciliación y la Paz Territorial, Cierderpaz. Acciones Conscientes Este evento forma parte de una serie de talleres de la campaña “Acciones Conscientes, Tu Compromiso con el Futuro”; que se vienen organizando en diferentes ciudades y regiones del país, con el objetivo de formar a víctimas, sobrevivientes, supervivientes, agentes de pastoral y gestores de paz en herramientas de reconciliación en medio del conflicto.

Ante el anuncio hecho por parte del Gobierno Nacional para hacer público el inicio de diálogo con el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, dijo que una delegación de cinco obispos estará como apoyo acompañando esta fase. “La Iglesia estará presente en la fase pública de conversaciones con una comisión de cinco obispos de los territorios más golpeados por esa guerrilla, dentro de los que se encuentran el Arzobispo de Cali, el Obispo de Arauca, Chocó y Tibú, dentro de otros", indicó el prelado en diálogo con la cadena radial Caracol. Monseñor Castro Quiroga advirtió que "La Iglesia actuará como elemento de apoyo más no como delegada o mediadora, respondiendo a la solicitud del ELN y avalada por el presidente Juan Manuel Santos”. El prelado indicó que en el proceso de paz con esta guerrilla se deberá proceder con "inteligencia, sensatez y con celeridad en puntos concretos del acuerdo". El próximo jueves 27 de octubre inicia la fase pública del proceso de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN, anunciaron este lunes los delegados de ambas partes en la Casa Amarilla de Caracas, Venezuela.

Ante la actual crisis humanitaria que vive el pueblo chocoano y los constantes incumplimientos a las promesas hechas por parte del Estado, el obispo de Istmina – Tadó, monseñor Julio Hernando García Peláez, advirtió, que si a esta problemática no se le pone atención “nosotros vamos a terminar en un futuro no muy lejano viviendo la misma experiencia de Panamá”. “Panamá era territorio de Colombia, pero desafortunadamente permanecía en la lejanía y en la indiferencia estatal, difícilmente fue visualizado y potenciado en todo lo que tenía. Finalmente Panamá terminó siendo una región ajena a nuestra nación y pasó a ser de un territorio incluido a un territorio vecino”, aseveró el obispo. Monseñor García Peláez indicó que el paro cívico que ya llega a su segundo día, busca fundamentalmente reclamar a las autoridades nacionales, locales y territoriales la reivindicación por la dignidad del pueblo chocoano. “Hoy estamos viviendo el segundo día de este paro indefinido, programado en este territorio como un reclamo ante las autoridades por el incumpliendo de los acuerdos a los que se han llegado con distintos grupos territoriales”. El prelado afirmó que este sentir del pueblo se da porque hay un desgobierno generalizado y un alto grado de corrupción en las instancias que manejan los recursos para el desarrollo de obras en esta región del país. “Cuando se reclama la dignidad, no solamente se está haciendo ante el gobierno nacional, sino ante las autoridades locales que no cumplen lo que prometen y somos conscientes que muchos de los dineros nacionales tienen muy mala destinación, tampoco se gastan en lo que se tienen que gastar y los que llegan para que se terminen las obras tampoco se terminan, hay en general una enorme dificultad en este territorio que nos implica a todos”, explicóel jerarca. El obispo hizo un llamado a los manifestantes para que se adelanten estas marchas de forma pacífica. Al Estado le pidió dar inicio pronto a una negociación, que ponga fin y favorezca la vida del pueblo chocoano. Entrevista: Monseñor Julio Hernando García Peláez Foto: Tomada de internet

Obispos de las Provincias Eclesiásticas de Medellín y Santa Fe de Antioquia expresaron su preocupación por el alto índice de deforestación, como consecuencia de la extracción minera a cielo abierto, y las afectaciones causadas en el ambiente y en las personas por la contaminación con mercurio. Así lo hicieron conocer monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín, monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, monseñor Jorge Alberto Ossa Soto, obispo de Santa Rosa de Osos y monseñor Noel Londoño Buitrago, obispo de Jericó, en una rueda de prensa que se realizó en instalaciones del episcopado colombiano. En el comunicado de prensa, los prelados citan el informe "Explotación de oro de aluvión en Colombia" realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y los Ministerios de Justicia, Medio Ambiente y Minería, presentado en junio de 2016. El informe revela que en 17 departamentos de Colombia se realiza minería a cielo abierto y que Chocó y Antioquia son los más afectados. [icon class='fa fa-download' link='']COMUNICADO DE PRENSA[/icon] [icon class='fa fa-microphone' link='']REGISTRO: LECTURA COMUNICADO[/icon] Además, este informe advierte que hay 8.939 hectáreas afectadas. El 79% está en los departamentos de Chocó (46%) y Antioquia (33%). Hay minería en 5 parques naturales y en zonas cercanas a 9 más. Esta minería causa daño al bosque y a la cobertura natural. El daño a la vegetación pura es de 24.450 hectáreas, el 77% en el Chocó, donde se encuentra el ecosistema con “biodiversidad más importante del mundo”. Frente a este escenario, los obispos invitan a los organismos del Estado, a las empresas nacionales e internacionales y la sociedad civil a "evitar que la minería mecanizada, con sus dragas y retroexcavadoras, siga destruyendo el medio ambiente y la salud de las personas y asimismo que se implementen medidas eficaces para detener el actual desastre ambiental y social". "La minería es un mal progresivo que afecta las cuencas hídricas, la atmósfera y a la persona humana. Es invasiva y tiene estrecha relación con los grupos armados ilegales", aseguró monseñor Ricardo Tobón Restrepo. [icon class='fa fa-microphone' link='']INTERVENCIÓN MONSEÑOR RICARDO TOBON RESTREPO[/icon] Por su parte monseñor Noel Londoño Buitrago subrayó que el poder económico de las empresas mineras es muy grande y que uno de los problemas para combatirla es que la población desconoce la temática. [icon class='fa fa-microphone' link='']INTERVENCIÓN MONSEÑOR NOEL LONDOÑO BUITRAGO[/icon] Cada mes se destruyen un promedio de 2.000 hectáreas de bosque en el país a causa de la minería a cielo abierto. Sólo el 2% de esta minería tiene licencia ambiental. En este punto el obispo de Santa Rosa de Osos, monseñor Alberto Ossa Soto, aseguró que en su región la minería está dejando grandes extensiones de desierto. "No es mentira pero cada vez más se parece al desierto de Atacama", puntualizó el prelado. [icon class='fa fa-microphone' link='']INTERVENCIÓN MONSEÑOR JORGE ALBERTO OSSA SOTO[/icon] Según el Estudio Nacional del Agua, realizado por el IDEAM, se estima que 205 toneladas de mercurio terminan al año en los ríos de Colombia. El boom de la minería ilegal está convirtiendo los afluentes de 17 departamentos del país en autopistas contaminadas. También se ha revelado que sólo en 13 ríos de Antioquia los mineros ilegales han arrojado 100 toneladas de mercurio poniendo en riesgo la vida de al menos un millón de personas. Sobre este punto monseñor Juan Carlos Barreto comentó acerca del anunció que la Corte Constitucional hizo el pasado mes de febrero sobre una acción de tutela instaurada por comunidades indígenas y afro del río Atrato, en el departamento de Chocó, según la cual 37 niños habrían muerto en el último año en la región luego de que presuntamente consumieran agua contaminada con mercurio."Hay muchos problemas a nivel de salud. 37 niños que pudieron haber fallecido por causa de la minería.La política no ha correspondido a lo que necesita la región", lamentó el prelado. Los obispos piden "un cambio de mentalidad" para que la minería no sea concebida como una opción privilegiada para el desarrollo económico. "Exhortamos a favorecer otras actividades para la subsistencia de los pobladores de las zonas de minería, como la agricultura, la pesca, las artesanías, el turismo ecológico, todo ello desde una auténtica valoración de la biodiversidad". En este sentido monseñor Ricardo Tobón Restrepo afirmó que la solución debe ser integral y global. "Hay que integrar a la minería en un proyecto nacional. Del medio ambiente no se puede abusar. Hay que hacer una planeación de la extracción de los recursos y tener una visión ética, además de una educación sobre medio ambiente. Podemos vivir sin petróleo, pero no podemos vivir sin agua, sin aire, por ello es urgente un control fiscal y una revisión sobre la ley de minas y un diálogo urgente entre el ministerio de minas y medioambiente", afirmó el prelado. Los obispos reiteraron que la lucha contra la minería ilegal requiere acabar con la corrupción de algunos servidores públicos, hacer operativas las instituciones del Estado y contrarrestar la acción de los grupos armados ilegales. En este sentido, en la perspectiva del post-acuerdo con las FARC, se debe garantizar que esta guerrilla renuncie definitivamente a la minería. Finalmente recordaron que en 2015 publicaron una Carta Pastoral sobre la Minería en la que se llamó la atención contra los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales, y particularmente del ejercicio irresponsable de la minería. [icon class='fa fa-microphone' link='']RONDA DE PREGUNTAS PERIODISTAS[/icon]

Cientos de personas se congregaron hoy en la ciudad de Istmina (Chocó), para marchar pacíficamente y mostrar de esta manera su rechazo a los continuos paros armados por parte de grupos como el ELN y el Clan Usuga que frecuentemente paralizan esta zona del país. La iniciativa que contó con el apoyo de la diócesis de Istmina terminó con un acto religioso. Uno de los coordinadores, el padre Jaime Zapata, encargado de la Pastoral Indígena de esta Iglesia particular, resaltó el motivo la marcha pacífica de protesta. "Es una manifestación de la sociedad civil en contra de los continuos paros armados, los desplazamientos y los confinamientos de la población en todas las cabeceras municipales del departamento del Chocó”. “Es una manera de pedirle a los grupos armados que respeten el derecho que tenemos como población civil al libre desplazamiento, a la gobernanza propia, a la autonomía de vivir dentro de nuestros territorios”, intervino el sacerdote. Muchos de los participantes portaron pancartas alusivas a la paz y a personajes históricos que en su momento contribuyeron a la reconciliación.

Diócesis de Quibdó, Istmina-Tadó y Apartadó solicitan urgente reunión con el presidente de la República para dar a conocer la “critica situación de salud” por la que atraviesa el departamento del Chocó. En una carta firmada por los obispos de Quibdó, Istmina-Tadó y Apartadó, y organizaciones sociales y étnico territoriales del Departamento del Chocó se denuncia la falta de redes hospitalarias, la ausencia de un hospital de tercer nivel, el insuficiente personal médico y de especialistas, la falta de planes eficaces de atención a personas en estado de vulnerabilidad, el mal servicio de las EPS y las IPS y la precaria intervención del Sistema de Salud en el departamento. [icon class='fa fa-download' link='']DESCARGA LA CARTA[/icon] En la carta se explica que luego de “agotar otras instancias del conducto regular” se solicita una audiencia en el despacho presidencial para exponer la situación de insalubridad en la que está sumergida la población de este departamento. “Un departamento con cerca de 500 mil habitantes, no tiene un hospital de Tercer Nivel, y el Hospital San Francisco, el único de segundo nivel en la Ciudad de Quibdó, está en pésimas condiciones en cuanto a infraestructura y equipos. (…) y en las zonas rurales, la situación es aún peor. Donde existen centros de salud, estos en su gran mayoría están dramáticamente deteriorados”, denuncian los prelados. Así mismo se pide al Gobierno Nacional se ponga en marcha el modelo de salud con enfoque diferencial propuesto de las organizaciones sociales y étnicoterritoriales, la construcción y dotación de un Hospital de Tercer Nivel para el departamento del Chocó y el derecho a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado para sus habitantes. Foto: Internet