derechos humanos

La Diócesis de Quibdó, presidida por su obispo Juan Carlos Barreto Barreto, ha presentado un comunicado en el que ofrece algunas reflexiones y llamados frente a la actual situación que se vive en el país. En el mensaje reconocen como legítimas las motivaciones que han llevado a que los colombianos salgan a las calles a manifestar su inconformidad “con las situaciones de injusticia que se viven en el país”. Así también, enumeran diferentes factores, que aseguran, han sido los detonantes para que se dieran los resultados que hoy vive el país. “Los jóvenes, los campesinos, los indígenas, las comunidades afrodescendientes, los empleados y desempleados y otros sectores, han decidido defender la vida, aun en el contexto de los riesgos evidentes a causa de la pandemia que azota a la humanidad, pero con la certeza de que la muerte también llega disfrazada de oportunidades negadas en los campos de la educación, la salud, el trabajo y la paz”, señala la misiva. La Iglesia, en esta región del pacífico, se solidariza con quienes han perdido a sus seres queridos, heridos y desaparecidos. Expresa su rechazo a los casos de evidente represión estatal violenta y abusiva que se han presentado, así como también por parte de extremistas radicales. A la vez que lamentan que personas ajenas a la protesta social estén utilizando estos espacios para actos delincuenciales. Esta jurisdicción eclesiástica hace la debida aclaración de que, a pesar de estar apoyando la movilización pacífica, en ningún momento ha convocado a los fieles para que salgan a la calle. Esta aclaración se hace en consideración a la emergencia sanitaria que vive hoy el Departamento de Chocó por el aumento de contagios. Sin embargo, advierten que apoyarán desde diversos espacios, donde no se atente contra la vida humana, los reclamos de la sociedad civil colombiana, así como los derechos de la comunidad chocoana. Finalmente, advierten que son grandes los retos que se plantean para que se garanticen los derechos sociales y económicos de los ciudadanos, por lo que enumeran una serie de llamados que van dirigidos a los diferentes actores del país. Terminan su mensaje haciendo una invitación a orar por la paz y la justicia social. [icon class='fa fa-download fa-2x'] Descargar comunicado[/icon]

Este jueves, 04 de marzo, en rueda de prensa, los obispos del pacífico y suroccidente del país, concentrados desde el pasado 02 de marzo en la ciudad de Buenaventura, dieron lectura a un comunicado en el que expresaron su respaldo y cercanía al obispo de esta jurisdicción eclesiástica, monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, y a los miembros de esta comunidad del puerto vallecaucano. “Venimos a expresar la solidaridad, cercanía, afecto y apoyo a nuestro hermano obispo de esta diócesis, monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, por las amenazas que desde hace un tiempo ha venido recibiendo contra su integridad y vida, él y otros servidores de la comunidad. Es la solidaridad que extendemos a las diferentes comunidades del territorio que acompaña con dolor”. Los obispos presentes de las jurisdicciones eclesiásticas de Apartadó, Quibdó, Itsmina – Tadó, Buenaventura, Tumaco, Guapi, Popayán, Tierradentro, Pasto, Ipiales, Cartago, Buga, Palmira y Cali, han señalado que se trató de una reunión donde se hizo una lectura a las diferentes problemáticas que se vienen presentando con mayor celeridad en estas regiones de Colombia y que siguen causando tanto dolor en la población. “Tuvimos la oportunidad de hacer una aproximación a las realidades de incertidumbre, pobreza, dolor, muerte y desesperanza, generadas por la confluencia de situaciones de distinto orden que, lastimosamente, percibimos y denunciamos como cada vez más crecientes, tales como el narcotráfico, el incremento de grupos armados, la corrupción, la extorsión, la pérdida de fe y valores, la ineficiencia de amplios sectores públicos y privados y el maltrato a la casa común”. Frente a esta difícil realidad, han dicho los obispos, “no nos resignamos a aceptar estas situaciones” y, por el contrario, reafirmaron su compromiso como pastores para seguir acompañando a estos pueblos que durante años vienen sufriendo el flagelo de la violencia. Igualmente, exhortaron a los gobernantes y a las comunidades a que se unan a trabajar en la búsqueda de “soluciones integrales a corto y mediano plazo que hagan posible la transformación real de esta triste y angustiante realidad”. Al evocar las palabras del Papa Francisco, cuando decía: “no hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo”, los jerarcas agregaron a este llamado del Pontífice: “Hoy nosotros pedimos: ¡abramos los oídos y los corazones, pues el grito del hermano que sufre sube al cielo!”. Finalmente, pidieron la intercesión de san José, para que se muestre misericordioso con quienes habitan estas tierras del pacífico y suroccidente colombiano: “concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal”. [icon class='fa fa-download fa-2x'] Descargar comunicado[/icon] audio

El episcopado colombiano, a través de un comunicado, expresa su solidaridad con las poblaciones del Pacífico y del Suroccidente del país “que están viviendo una crisis humanitaria profunda por las amenazas, desplazamiento forzado, confinamiento, asesinatos y todo tipo de atrocidades”. En el mensaje, firmado por monseñor Óscar Urbina, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC); monseñor Ricardo Tobón, vicepresidente de la CEC, y monseñor Elkin Álvarez, secretario general de esta institución, los obispos condenan enérgicamente los hechos ocurridos e invitan “a toda la sociedad colombiana a expresar el rechazo total a esta escalada de abusos contra la vida y los derechos de los pobladores”. [icon class='fa fa-download fa-2x'] Descargar comunicado[/icon]

La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre desplazamiento forzado y Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento-CODHES, realizó el pasado 05 de agosto la entrega virtual del informe “El Reto: ante la tragedia humanitaria del desplazamiento forzado”. Esta Comisión es una iniciativa social que trabaja por los derechos de la población desplazada y está orientada al desarrollo de acciones a favor del cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004. El informe entregado oficialmente en horas de la tarde hace parte de una serie de documentos sobre el desarrollo de una política integral frente a la crisis humanitaria generada por este fenómeno social. “El reto: Ante la tragedia humanitaria del desplazamiento forzado” contiene varias propuestas para mejorar la política pública e incluye propuestas técnicas sobre indicadores de goce efectivo de los derechos de la población en situación de desplazamiento forzado. Del evento, que se realizó por la plataforma Teams, hizo parte monseñor Héctor Fabio Henao, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social / Cáritas Colombiana, quien durante su intervención aseguró que “con esta Comisión se ha hecho un trabajo de años de investigación, búsqueda y análisis sobre la situación de las personas desplazadas y considero que es un hito muy importante poder encontrarnos con la Jurisdicción Especial en este día”. Tomado de: Of. comunicaciones Secretariado Nacional de Pastoral Social

Ante el incremento de asesinatos, atentados y amenazas contra los líderes sociales en toda Colombia y también en el Vicariato Apostólico de Inírida, presidido por monseñor Joselito Carreño Quiñones, el obispo prende las alarmas y hace un llamado al Gobierno y a las organizaciones de Derechos Humanos para que pongan sus ojos sobre estos territorios donde se han presentado tan lamentables crímenes. Exige el respeto por la vida de los líderes sociales, cuya tarea “es luchar y defender los derechos de las comunidades ubicadas en sectores marginados y que históricamente han sido excluidos”, así también, pide por salvaguardar la vida de todos los que se ven constantemente amenazados ante las innumerables violencias presentes en el territorio local y nacional. A través de un mensaje el prelado señala que tan solo en el primer trimestre del año las estadísticas arrojaban 36 líderes y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia, pero aclara que esta cifra puede aumentar a 60 dado que hay muchos casos que no han sido verificados, información soportada según la Organización "Somos Defensores", asesinatos en: Guaviare, Meta y Vaupés. “Hoy, las amenazas se están materializando si tenemos en cuenta que, en 2017 fueron asesinados 20 líderes, en 2018 asesinados 46 y en 2019 asesinados 25 evidenciándose un descenso en esa fecha. Hoy 36 asesinatos de líderes es una cifra verdaderamente alarmante”, afirma. Evidencia como el asesinato selectivo de estos líderes sociales han sido perpetrados por sucesores del paramilitarismo, narcotraficantes, exploradores ilegales de minerales, excombatientes de la FARC y disidentes, los que desplazaron y ocuparon tierras de la población, todo a cuenta de oponerse a los intereses propios de estos grupos y por defender los territorios de las comunidades. Por ello, dice monseñor Carreño Quiñones “hay que sensibilizar al máximo la sociedad, desnaturalizar la violencia y no aceptarla más; porque cuando la sociedad calla, esa sociedad otorga (…) No se puede permitir que esos líderes comunitarios, asociados a la defensa de su territorio, de los derechos humanos y a la participación política de la comunidad en la exigencia de sus derechos, sigan siendo asesinados”. Así también en declaraciones a un medio nacional el prelado hizo un llamado a la sensibilización local y nacional “porque nos hemos ido anestesiando de tal manera de que esta realidad no nos está impactando y no nos estamos haciendo escuchar, especialmente por parte del Gobierno, que tiene la responsabilidad de salvaguardar y proteger la vida de todos los colombianos y no vemos acciones concretas y tangibles”. Finalmente, recuerda cómo la Iglesia viene insistiendo en la necesidad de crear una política pública nacional “para enfrentar esta amenaza, política, que incluya acciones de protección, de respuesta oportuna a las alertas y de presencia eficaz de las instituciones del estado en las comunidades más vulnerables”.

Tras el asesinato de Álvaro Narváez Daza, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Bado en el municipio de Mercaderes al sur del Cauca y de su familia, el arzobispo electo de Bogotá, monseñor Luis José Rueda Aparicio expresó su tristeza por estos hechos que enlutan una vez más un hogar y a los caucanos. De otra parte, celebró el gesto de los 22 desmovilizados que hacían parte de las filas del ELN, con el ánimo de reintegrarse a la sociedad para servir y trabajar por la paz y la reconciliación, fue también enfático en expresar su rechazo por todos aquellos que aún sigue atentando contra la vida de los campesinos y líderes sociales. “Nos duele inmensamente que los violentos y los narcotraficantes, los que alzan las armas contra los campesinos y los líderes sociales, siguen asesinando en medio de las tinieblas”, afirmo el prelado. Al expresar su voz de consuelo a la familia y a la comunidad del Cauca por esta triste noticia, imploró del Señor “su amor misericordioso para que transforme el corazón de los violentos y les muestre el verdadero camino de la vida, la reconciliación y la paz”. Finalmente, reafirmó el compromiso de la Iglesia católica para seguir acompañando a las comunidades que sufren el flagelo de la violencia “estamos dispuestos a dar nuestra vida, a morir si es el caso por defender, anunciar el Reino y acompañar a nuestros pueblos que sufren”.

El día del trabajo ante todo es una fecha que nos lleva a exaltar el sentido profundo del trabajo humano como un don de Dios en medio de una sociedad que lo ha mercantilizado todo y en la cual el trabajo digno no alcanza a ser una realidad plena para todos los niveles de la sociedad. Es una fecha para renovar el compromiso por un reconocimiento de toda la sociedad sobre la dignidad del trabajo, del trabajador y del mundo del trabajo. Una fecha para reiterar el reconocimiento del legítimo derecho a la asociación y a la participación de los trabajadores. Esta celebración se hace en medio de circunstancias que impone la pandemia del CORONAVIRUS y que hace que miles de trabajadores y sus familias no conozcan el trabajo digno sino condiciones marcadas por la baja calidad en el empleo, de inestabilidad e ingresos precarios. De allí la importancia de dar a esta fecha un sentido tal que nos permita profundizar en el valor del trabajo y en la forma como este nos coloca en una relación profunda con la obra de la creación. Ante todo, el trabajo es una bendición de Dios que permite al ser humano cooperar en la obra de la creación, desarrollarse plenamente, conformar una familia, construir comunidad y aportar a la sociedad en términos de fraternidad y de solidaridad. Esta reflexión nos lleva hacia la pregunta por la forma como viven los hombres y mujeres del mundo del trabajo, especialmente aquellos que se encuentran en condiciones de precariedad laboral. Las cifras son impresionantes: según el DANE el 48.2% de los colombianos trabajan en situación de informalidad, estamos hablando de más de 10.000.000 de trabajadores que están en muy alto riesgo por el efecto del aislamiento social que estamos viviendo por la pandemia. Ante esta grave realidad, la urgencia que emerge con especial fuerza en este momento, es garantizar condiciones para quienes tienen que llevar el sustento a sus familias y asegurar su propio desarrollo humano en una época marcada por incertidumbre a todo nivel. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó un estudio preliminar del impacto del COVID -19 en trabajadores y trabajadoras, en el que señala tres efectos: Sobre la cantidad de los empleos; aumento del desempleo y del subempleo -reducción de horas de trabajo. Sobre la calidad de los empleos: caída de los salarios y empeoramiento en acceso a la protección social. Sobre grupos de trabajadores vulnerables a “cambios en el mercado laboral”, tales como jóvenes, mujeres y migrantes. Y estiman un aumento del desempleo mundial de entre 5,3 millones (hipótesis “prudente”) y 24,7 millones (hipótesis “extrema”) en este 2020. En Colombia se calcula que 22 millones de trabajadores se han visto afectados por las normas del aislamiento social como medida de prevención de la expansión del Coronavirus. No podemos olvidar que “la Iglesia está convencida de que el trabajo constituye una dimensión fundamental de la existencia del ser humano en la tierra” (S.S. Juan Pablo II, Laborm Excersens, 4) y por lo tanto no es un accidente el que la población en grandes masas tenga que entrar en el mundo de la informalidad laboral. Estamos hablando de una dimensión fundamental del ser humano. La realidad de que solo uno de cada cuatro colombianos tiene garantizado el acceso a los sistemas de pensión se constituye en un reto para el desarrollo humano en nuestro país y, al mismo tiempo, un clamor a la solidaridad para que se tomen medidas prontas para resolverlo. La paradoja del crecimiento económico junto a estos niveles de informalidad laboral hace un llamado a revisar la forma como se ha planteado el desarrollo de manera que este tenga rostro humano y responda a las necesidades de la población. Estamos hablando de millones de trabajadores detrás de los cuales se encuentran sus familias. Son hermanos y hermanas nuestras que tienen aspiraciones, proyectos de vida y en muchos casos una profesión que han adquirido con mucho esfuerzo personal y familiar. En ese grupo encontramos principalmente mujeres, jóvenes y desde otro lado un grupo grande de personas con un nivel de educación precario. Este hecho nos llama a profundizar en el deber de nuestra sociedad de fortalecer los mecanismos para que se reconozca planamente la dignidad del trabajo, del trabajador y del mundo del trabajo para superar las condiciones de discriminación que viven muchos de nuestros hermanos y hermanas trabajadores, particularmente aquellos que se ven obligados a recurrir a la informalidad para poder obtener el sustento para ellos y sus familias. Uno de los fenómenos que más afecta a la dignidad del trabajo y de los trabajadores es justamente el despojo de tierras que ha empujado a miles de familias hacia la informalidad e incluso hacia la miseria. Quienes han perdido su tierra han perdido también la fuente de su trabajo y sustento familiar. Este es un drama cuya solución ha sido determinada por la ley pero que sigue siendo un desafío para el país. Garantizar la restitución de las tierras es un acto de reconocimiento a gentes que, en muchos casos, han labrado sus vidas en el trabajo cotidiano de la agricultura y la pesca. Hoy se impone hacer seguimiento y apoyar las iniciativas de restitución de las tierras y las iniciativas legislativas que puedan poner fin a la situación de quienes obtienen su sustento en medio de la informalidad laboral. En esta ocasión, Colombia se coloca ante uno de los desafíos más grandes porque tiene que armonizar las condiciones y derechos de trabajadores y trabajadoras ante las metas de libre comercio. Se trata de un tema muy sensible porque indudablemente el libre comercio debe realizarse en condiciones que favorezcan el desarrollo de las personas en la sociedad. Ante estas realidades hay que reconocer que muchas personas movidas por su fe se han convertido en apóstoles misioneros en el mundo del trabajo. A quienes se encuentran en este apostolado tan valioso les mueve el brindar un testimonio evangélico y evangelizador en los ambientes obreros, campesinos, profesionales, empresariales a todos los niveles. Saben que Jesucristo garantiza la liberación integral más allá de las fronteras culturales, raciales o de cualquier orden y se proponen llevar el mensaje de la dignidad del trabajo y de los trabajadores a todos los niveles de la sociedad. Ellos hacen presente el aprecio de la Iglesia por los movimientos de trabajadores y por la solidaridad entre los hombres y mujeres del mundo del trabajo. La pastoral del mundo del trabajo es presencia de la Iglesia en el camino de la dignificación del trabajo, el trabajador y el mundo del trabajo. El 1 de mayo, jornada de fiesta y de solidaridad y fraternidad en el mundo del trabajo, recuerda que los trabajadores son «artífices principales de las transformaciones prodigiosas que el mundo conoce hoy» (Concilio Vaticano II, Mensaje a los trabajadores). El 1 de mayo la Iglesia recuerda su reconocimiento y aprecio por el derecho de los trabajadores a organizarse y a participar en la vida y en las transformaciones de la sociedad mediante sus propuestas. En esta fecha la Iglesia recuerda a San José Obrero, modelo del mundo del trabajo y recuerda que Jesucristo es el “Hijo del carpintero” y ora por todos los trabajadores y trabajadoras del mundo sin olvidar a quienes no tienen un trabajo de calidad. Igualmente es una fecha especial para dar gracias a Dios por la misión y entrega de quienes se dedican al servicio de sus hermanos y hermanas trabajadores desde la obra evangelizadora de la Iglesia. El 1 de mayo es un momento para dar gracias por quienes trabajan y orar para que el Señor bendiga sus esfuerzos y fatigas y les permita alcanzar los niveles de justicia y de dignificación que anhelan. Por: Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria Director Secretariado Nacional de Pastoral Social

Tras intensificarse la crisis humanitaria en el municipio del Alto Baudó, departamento del Chocó, las diócesis de esta región del país y organizaciones étnico-territoriales, en un comunicado hacen un nuevo llamado a las autoridades para que pongan sus ojos en estas comunidades que siguen padeciendo el flagelo de la violencia. En la misiva, los firmantes ponen de manifiesto dos factores que en las últimas décadas han afectado a estos territorios: uno de ellos el abandono por parte del Estado quien no garantiza los derechos fundamentales a la población; segundo, la disputa territorial de los grupos armados por el dominio de la producción y comercialización de los cultivos ilícitos, generando estos hechos zozobra, debilitamiento de la autonomía territorial y desesperanza en la población. “A pesar de las constantes denuncias, hechas a lo largo de estos años, en lugar de lograrse una disminución de la crisis y la no repetición de los hechos que violan los derechos colectivos de las comunidades afrodescendientes e indígenas, durante el mes de marzo del presente año, se han agudizado estas situaciones”, señala la misiva. En este contexto, plantean en 7 puntos unas exigencias urgentes y específicas a los diferentes organismos del Estado nacional, regional y local; así como a instituciones de derechos Humanos, para que se preste "una atención humanitaria inmediata con enfoque diferencial, étnico, territorial y de género". Hacen parte de los firmantes de este comunicado los obispos de las diócesis de Istmina-Tadó, monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, Quibdó, monseñor Juan Carlos Barreto, Apartadó, monseñor Hugo Alberto Torres Marín; además representantes del Foro Interétnico Solidaridad Chocó (18 organizaciones), la Mesa de Concertación y Diálogo de los pueblos Indígenas del Chocó y ACABA: Consejo Comunitario general del Río Baudó y sus afluentes. Al referirse al tema de la pandemia del coronavirus que aqueja al país, dijo que este "afecta con extrema gravedad al Baudó y a la gran mayoría del territorio chocoano, debido a la preexistente crisis humanitaria y a la precaria situación sanitaria y económica de los habitantes del departamento". [icon class='fa fa-download fa-2x'] Descargar comunicado[/icon]