estado

En un comunicado de prensa emitido por los obispos de las jurisdicciones eclesiásticas que integran la región de la Costa Pacífica, exigieron al Gobierno Nacional que cumpla con los acuerdos anteriormente firmados y así se respete los derechos de los ciudadanos. La Iglesia en esta región del pacífico cree justificada las protestas que se adelantan en el departamento del Chocó y en la ciudad de Buenaventura, por considerar, que estas zonas del país siempre han sido territorios abandonados por el Estado. Los prelados rechazaron las acciones violentas cometidas por algunos vándalos que desprestigian el fin de las protestas pacíficas, donde la población reclama sus derechos. Igualmente hicieron un llamado a la Fuerza Pública para que no se extralimite con sus funciones. Por último, los obispos pidieron a los organismos de Derechos Humanos para que estén atentos a velar y garantizar la protección de los civiles, denunciando cualquier abuso que se presente durante estas protestas. El mensaje fue emitido por el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, los obispos de Buenaventura, monseñor Héctor Epalza Quintero, monseñor Juan Carlos Barreto Barrerto; monseñor Carlos Alberto Correa Martínez; monseñor Orlando Olave Villanoba y monseñor Julio Hernando García Peláez. DESCARGA COMUNICADO Foto tomada de REMAP / Red de medios alternativos y populares

Por: Monseñor Pedro Mercado Cepeda: La laicidad del Estado puede ser entendida de múltiples maneras, a veces opuestas e incluso contradictorias. Al referirse al ‘Estado laico’, término bastante común en estos días, es siempre necesario distinguir, cuidadosamente, entre una sana vivencia de la laicidad y el laicismo. Una sana laicidad reconoce la mutua y legítima autonomía del Estado y de la religión, sin negar, no obstante, el papel esencial e insustituible de las religiones en el ámbito público y la colaboración recíproca que ha de existir entre las autoridades civiles y religiosas en la salvaguarda del bien común. El laicismo, por el contrario, como corriente ideológica, considera la religión como “superstición” e intenta limitar su acción y su influencia, juzgándolas a priori como perjudiciales para el hombre y para la sociedad. En su versión contemporánea, más sutil, el laicismo tiende a excluir la religión de la vida pública mediante un forzado confinamiento de la experiencia religiosa al ámbito privado y a la conciencia individual. Se habla, en ese contexto, del “Estado laico” con la intención de “encerrar en las sacristías” la voz de los creyentes e imponer, desde el amplio escenario del poder, una visión unilateral del mundo y de la sociedad. Las falacias de esta praxis son evidentes: democracias que dan la espalda a los valores religiosos de sus pueblos; políticos tecnócratas que se convierten en “maestros” de una moral laica que nadie puede cuestionar y presuntos adalides de la tolerancia que discriminan y ridiculizan a quienes no piensan como ellos. Nada más distante de un Estado social de derecho, auténticamente democrático y plural, que la imposición de la ideología laicista como fundamento de su convivencia política y social, negando a sus ciudadanos, a los creyentes, el espacio que por derecho les corresponde en la esfera de lo público. Precisamente por ello, intentando refutar de antemano cualquier interpretación tendenciosa de la laicidad, la Constitución de 1991 evitó definir a Colombia como un “Estado laico” decantándose –a pesar de las presiones– por un enunciado menos ambiguo, que definió a nuestro país como un Estado de libertad religiosa con igualdad de cultos (cfr. art. 19). "Una sana laicidad reconoce la mutua y legítima autonomía del Estado y de la religión, sin negar, no obstante, el papel esencial e insustituible de las religiones en el ámbito público y la colaboración recíproca que ha de existir entre las autoridades civiles y religiosas en la salvaguarda del bien común." Una visión positiva e incluyente de la religión es la que emerge en el nuevo ordenamiento constitucional que, en 1991, puso los fundamentos de la construcción de una Colombia moderna, abierta y tolerante. Tolerante con todos, abierta para todos, sin discriminación alguna por causa de creencia o religión. Años más tarde, el derecho de libertad religiosa y la igualdad de cultos fueron desarrollados ampliamente en una ley estatutaria, poco conocida pero fundamental en la comprensión de la identidad religiosa de nuestro país, la 133 de 1994. Cito ahora textualmente su artículo 2.º: “Ninguna Iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o estatal. Sin embargo, el Estado colombiano no es ateo, agnóstico o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos. El Poder Público protegerá a las personas en sus creencias, así como a las iglesias y confesiones religiosas, y facilitará la participación de estas y aquellas en la consecución del bien común”. Palabras claras que no dejan campo a interpretaciones confusas. Mal hacen los defensores del laicismo radical en ampararse en una Constitución, la de 1991, que abiertamente y de manera taxativa negó sus ambiciones. Un capítulo más de la falacia laicista que a los creyentes nos corresponde desenmascarar con mayor contundencia, valentía y coherencia. MONSEÑOR PEDRO MERCADO CEPEDA * Presidente del Tribunal Eclesiástico de Bogotá Tomado de El Tiempo

Debido a las recientes situaciones de orden público ocurridas en la región de Córdoba y Urabá, el obispo de Apartadó, Monseñor Hugo Alberto Torres Marin manifestó su preocupación a través de un comunicado donde expresa su inquietud por el resurgimiento de grupos al margen de la ley. Monseñor Torres calificó como grave, los asesinatos de líderes sociales y políticos que han aumentado con el paso de los días, y más cuando recientemente se ha retomado el tema que ‘’somos un país democrático y libre’’. Otra de las situaciones que inquietan al obispo de Apartadó es la reaparición de fenómenos superados como el paramilitarismo, ya que luego del proceso de desmovilización que adelantan los integrantes de las FARC, estas tierras han sido desocupadas y ahora invadidas nuevamente por grupos paramilitares. La Iglesia diocesana de Apartadó expresa su dolor ante el abandono por parte del estado a esta región, que con el paso de los días se ve consumida en situaciones de desplazamiento, narcotráfico, pandillas juveniles y la destrucción del ecosistema con el aumento de la minería ilegal. En esta región donde las comunidades campesinas, comerciantes, jóvenes y niños se han convertido en actores del conflicto armado, la iglesia hace un llamado a los líderes gubernamentales y organismos de seguridad para que emprendan acciones que permitan tomar el control de estas tierras y se pueda detener este conflicto que empaña la identidad de los habitantes de esta región. [icon class='fa fa-download fa-2x'] Descargar comunicado[/icon]

Por Mons. Pedro Mercado - El tradicional Te Deum conmemorativo de la independencia ha sido suspendido como actividad oficial del Protocolo de Estado por decisión, provisional, del Consejo de Estado. Dicha decisión en nada afecta la celebración anual de ese rito litúrgico, al cual -como de costumbre- serán invitados todos los fieles católicos y miembros de otras iglesias y comunidades religiosas, incluidos los funcionarios públicos que voluntariamente y en uso de sus derechos inalienables, como ciudadanos, podrán asistir a la ceremonia de agradecimiento al Dios Omnipotente por la libertad, la justicia y la paz de Colombia. Esperemos que la decisión definitiva del Consejo de Estado tenga presente no sólo el valor histórico de este acontecimiento litúrgico, sino también y principalmente la legislación vigente en Colombia en materia de libertad religiosa y de cultos. La Ley 133 de 1994 claramente afirma: "Ninguna Iglesia o Confesión religiosa es ni será oficial o estatal. Sin embargo, el Estado colombiano no es ateo, agnóstico o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos" (art. 2). En efecto, tal y como el texto legal manifiesta, una cosa es la sana laicidad del Estado, que establece -como enseña el Concilio Vaticano II- una legítima autonomía entre el Estado y las confesiones religiosas y el laicismo radical, que pretende desconocer el valor positivo del hecho religioso, convirtiendo la religión en una cuestión individual, carente de valor social y de incidencia en el ámbito público. La sana laicidad del Estado colombiano, a la luz de la Constitución y de las leyes vigentes, no puede ser interpretada como indiferencia -mucho menos hostilidad- del Estado y de sus instituciones frente a las iglesias o frente a las creencias y valores espirituales de los colombianos. Todo lo contrario. La sana laicidad de un Estado social de Derecho debería ser siempre compatible con un espíritu de apertura, diálogo y cooperación del poder civil con todas las confesiones religiosas, incluida la Iglesia Católica. Por ello, personalmente, creo que la decisión provisional del Consejo de Estado, lejos de favorecer la libertad religiosa o la igualdad de cultos, terminan por violentar el espíritu mismo de nuestra Carta Magna. En efecto, no se puede reducir la religión al ámbito individual y privado, minusvalorando las creencias y valores religiosos del pueblo colombiano, en sus diversas expresiones públicas y privadas, sin contrariar el auténtico espíritu de la Constitución de 1991. Mons. Pedro Mercado Secretario Adjunto para las Relaciones con el Estado - Vicario Judicial de la Arq. de Bogotá.

Por Mons. Pedro Mercado - El tradicional Te Deum conmemorativo de la independencia ha sido suspendido como actividad oficial del Protocolo de Estado por decisión, provisional, del Consejo de Estado. Dicha decisión en nada afecta la celebración anual de ese rito litúrgico, al cual -como de costumbre- serán invitados todos los fieles católicos y miembros de otras iglesias y comunidades religiosas, incluidos los funcionarios públicos que voluntariamente y en uso de sus derechos inalienables, como ciudadanos, podrán asistir a la ceremonia de agradecimiento al Dios Omnipotente por la libertad, la justicia y la paz de Colombia. Esperemos que la decisión definitiva del Consejo de Estado tenga presente no sólo el valor histórico de este acontecimiento litúrgico, sino también y principalmente la legislación vigente en Colombia en materia de libertad religiosa y de cultos. La Ley 133 de 1994 claramente afirma: "Ninguna Iglesia o Confesión religiosa es ni será oficial o estatal. Sin embargo, el Estado colombiano no es ateo, agnóstico o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos" (art. 2). En efecto, tal y como el texto legal manifiesta, una cosa es la sana laicidad del Estado, que establece -como enseña el Concilio Vaticano II- una legítima autonomía entre el Estado y las confesiones religiosas y el laicismo radical, que pretende desconocer el valor positivo del hecho religioso, convirtiendo la religión en una cuestión individual, carente de valor social y de incidencia en el ámbito público. La sana laicidad del Estado colombiano, a la luz de la Constitución y de las leyes vigentes, no puede ser interpretada como indiferencia -mucho menos hostilidad- del Estado y de sus instituciones frente a las iglesias o frente a las creencias y valores espirituales de los colombianos. Todo lo contrario. La sana laicidad de un Estado social de Derecho debería ser siempre compatible con un espíritu de apertura, diálogo y cooperación del poder civil con todas las confesiones religiosas, incluida la Iglesia Católica. Por ello, personalmente, creo que la decisión provisional del Consejo de Estado, lejos de favorecer la libertad religiosa o la igualdad de cultos, terminan por violentar el espíritu mismo de nuestra Carta Magna. En efecto, no se puede reducir la religión al ámbito individual y privado, minusvalorando las creencias y valores religiosos del pueblo colombiano, en sus diversas expresiones públicas y privadas, sin contrariar el auténtico espíritu de la Constitución de 1991. Mons. Pedro Mercado Secretario Adjunto para las Relaciones con el Estado - Vicario Judicial de la Arq. de Bogotá.

El arzobispo de Barranquilla, monseñor Jairo Jaramillo Monsalve, lamentó la decisión tomada por la Corte Constitucional, que da vía libre a la adopción de menores en parejas del mismo sexo. El prelado enfatizó “que quede claro que en el mundo entero, la Iglesia de Dios seguirá defendiendo la vida como un don de Dios, jamás el aborto, jamás ningún atentado contra la vida, contra la crianza honrada de los hijos, podrá ser aceptada por la Iglesia.” Monseñor Jaramillo Monsalve resaltó que este tema de la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo, no es exclusivo de Colombia, sino una realidad que es tendencia mundial. “No es culpa de los jueces de la Corte, amparados bajo un interés de supuesta ‘modernidad’, sino que manifiesta una gran problemática del Estado” Igualmente afirmó que ante esta decisión tomada por la Corte, la Iglesia debe seguir trabajando con mayor ahínco en el acompañamiento a las familias y ellas por su parte estar atentas en la formación de sus hijos. “Lamentamos que Colombia quiera “modernizarse” de esa manera, con la autodestrucción del ser humano. El camino no es salir a protestar en contra de la corte, ni del Estado, la verdadera salida de la Iglesia católica está en la misión que la familia debe ejercer, donde los papás den una verdadera formación a sus hijos, donde prime la justicia y el amor fraternal”, concluyó el prelado.