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Tras visita a la Diócesis de Apartadó, Grupo de Trabajo por Colombia pide fortalecer acciones para proteger a migrantes en el Urabá
Vie, 17/11/2023 - 14:46
Editorcec6
Tags: grupo de trabajo por colombia Urabá urabá antioqueño Diócesis de Apartadó
Del 13 al 17 de noviembre, miembros del Grupo de Trabajo por Colombia (GTC), integrado por las Cáritas de Europa y Norteamérica, así como por el Secretariado Nacional de Pastoral Social-Cáritas Colombiana SNPS/CC, llevaron a cabo un nuevo encuentro. En esta oportunidad, visitaron la Diócesis de Apartadó, concretamente los municipios de Apartadó, Necoclí y Turbo (Antioquia), bajo el propósito central de conocer la situación actual de la movilidad humana en la subregión del Urabá, concretamente desde cuatro dimensiones: crisis migratoria, conflicto armado, afectación del medio ambiente y la construcción de paz.
Este grupo fue recibido por el padre Leonidas Moreno Gallego, administrador de la Diócesis de Apartadó y por su equipo de trabajo, también participaron los directores de pastoral social de la Arquidiócesis de Medellín y de la Diócesis de Santa Rosa de Osos. Además, lideró la actividad el padre Rafael Castillo Torres, director del SNPS.
Al cierre de esta visita en territorio, en el auditorio de la Curia Diocesana de Apartadó, el Grupo de Trabajo por Colombia llevó a cabo una rueda de prensa para socializar su experiencia y dar a conocer un comunicado final sobre su percepción en el territorio, especialmente a partir del encuentro con diferentes miembros de la comunidad, organizaciones de la sociedad civil y agentes pastorales. En el encuentro con medios estuvieron presente Geraldine Hill, representante de SCIAF, Cáritas de Escocia, Joel Da Costa, representante de Cáritas de Francia y Liliana Zamudio, subdirectora de Cáritas Colombia.
En dicha rueda de prensa se destacaron varios puntos clave sobre la realidad y las necesidades más urgentes que lograron evidenciar:
Registro migratorio incompleto: El GTC señala la falta de un registro migratorio fiable y bajo control gubernamental, generando discrepancias en las cifras de migrantes.
Dignidad del migrante en riesgo: Se enfatiza en la pérdida de respeto por la dignidad del migrante, evidenciada en la falta de alojamiento digno, atención médica oportuna, seguridad y protección, especialmente para grupos vulnerables.
Débil regulación estatal: Se denuncia la falta de regulación estatal, contribuyendo a la trata de personas y la explotación de la población migrante.
Implementación lenta de acuerdos de paz: Se expresan preocupaciones sobre la implementación de acuerdos de paz, especialmente en aspectos étnicos, restitución de tierras y enfoque de género.
Necesidad de presencia estatal: Se subraya la importancia de una presencia real del Estado para evitar la transformación de negociaciones de paz en nuevas formas de violencia.
Persistencia de control armado: A pesar de la disminución de enfrentamientos, afirman que la población sigue bajo el control de grupos armados, afectando la seguridad y la libertad de las personas.
Impacto de megaproyectos: Se resalta el impacto negativo de megaproyectos como la producción bananera y la minería en el biosistema del Urabá, afectando su biodiversidad y las condiciones de vida de la población.
Necesidad de abordar traumas y procesos comunitarios: Se insiste en abordar las afectaciones materiales, psicosociales y emocionales de la población mediante procesos comunitarios y apoyo para la construcción de tejido social.
En el espacio también se destacó la importancia de la misión que adelanta la Iglesia Católica junto diversas organizaciones de la sociedad civil.
El representante de Cáritas Francia hizo énfasis en la necesidad de dar visibilidad a las problemáticas que hay en la región: “Si la fuerza de la sociedad civil puede hacer algo, es visibilizar y hacer también incidencia directamente con las autoridades locales”.
Desde el Secretariado Nacional de Pastoral Social, en la Conferencia Episcopal de Colombia, el padre Rafael Castillo hizo un importante llamado a las estructuras criminales presentes en este territorio "que lo controlan, lo dominan y lo someten". Agregó: "Paren de seguir haciendo de la migración un negocio. La Iglesia denuncia y condena esta flagrante violación a los derechos humanos y al derecho fundamental a migrar. Saludamos todos estos esfuerzos, les invitamos a las comunidades a no tener miedo, a avanzar con coraje y con dignidad".
En este mismo sentido, en el comunicado, el Grupo de Trabajo por Colombia pidió al Estado implementar una política pública con enfoque de derechos, garantizando la seguridad y la libertad de migrar. También destacó la importancia de trabajar conjuntamente con gobiernos regionales y organismos internacionales para abordar las causas fundamentales de la migración.
Por otra parte, la subdirectora de Cáritas Colombia, Liliana Zamudio, manifestó que el Estado debe orientar y tener claridad en la articulación con las entidades locales, como son la Policía, las oficinas de migración, entre otras. “No existe esa claridad en la política migratoria, orientaciones de orden legal hacia las alcaldías. Se debería tener una política clara, que dé y articule a entidades locales, el orden y la seguridad que da migración y las garantías que se da a las personas locales por sus derechos”.
Vea el mensaje del Director del Secretariado Nacional de Pastoral Social:
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